En este sentido, precisó que medidas como la regulación del uso del suelo o la restricción de ciertas actividades no eliminan el derecho de propiedad, sino que constituyen límites legítimos para garantizar fines constitucionales. Además, en el caso específico, se determinó que las comunidades fueron informadas y tomadas en cuenta antes de la declaratoria. Con ello, la SCJN confirmó la validez del decreto y reforzó la protección del derecho a un medio ambiente sano en la región. La decisión corresponde a los Amparos en Revisión 479 y 480 de 2025, resueltos en sesión del Pleno el 16 de abril de…
